Las grandes potencias económicas de Europa contra EEUU por la reforma fiscal de Trump

Las cinco mayores economías de la Unión Europea (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) han advertido a Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, de que el borrador de reforma fiscal que está tramitando la Administración Trump discrimina a las compañías multinacionales no estadounidenses, lo que vulneraría las normas fiscales internacionales. Los Gobiernos europeos plantean incluso acciones legales contra Washington.

"La inclusión de ciertas provisiones sobre fiscalidad internacional menos convencionales podría contravenir los tratados de doble imposición de EEUU y podría tener un gran impacto distorsionador en el comercio internacional", reza la carta firmada por Peter Altmaier, ministro de Finanzas alemán en funciones; Philip Hammond, canciller del Tesoro británico; Bruno Lemaire, ministro de Finanzas francés; Pier Carlo Padoan, ministro de Finanzas italiano y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda español.

Debajo de esta última polémica subyace el giro unilateral que ha adoptado la presidencia de EEUU desde que el 20 de enero pasado Donald Trump entrara en la Casa Blanca. Desde entonces, EEUUha abandonado el Acuerdo Comercial con las Economías del Pacífico, el Acuerdo delClima de París, la UNESCO y ha cuestionado la conveniencia de participar en foros de finanzas internacionales como el de Basilea.

La misiva, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, insta a Mnuchin a revisar tres provisiones que están incluidas bien en el borrador legislativo del Congreso, bien en el del Senado.

Las medidas polémicas
La primera, el impuesto especial del 20% a los pagos realizados a compañías con sede fiscal fuera de EEUU a menos que la empresa que vaya a tratar ese pago como ingreso está conectada de forma efectiva con una empresa estadounidense. Los ministros creen que esto supone una discriminación prohibida por las normas de la Organización Mundial de Comercio, ya que impondría un impuesto a unos beneficios que tienen que tributar en otra jurisdicción.

La segunda provisión polémica es la que trata de evitar la erosión de las bases imponibles y prevenir abusos fiscales. Los ministros europeos creen que esta medida penalizaría transacciones legítimas, al hacer no deducibles e imponer una tasa del 10% a las transacciones financieras entre filiales del mismo grupo cuando una esté en EEUU y la otra fuera. La carta afirma que bancos y aseguradoras serían las empresas más perjudicadas.

"Las operaciones en EEUU de instituciones financieras internacionales que operan en EEUU estarían sujetas a una tasa impositiva efectiva del 100% o a doble imposición, lo que tendría un impacto serio en el funcionamiento y el desarrollo de los mercados financieros internacionales", apunta el documento.

El tercer punto polémico es el tipo impositivo preferencial del 12,5% por ingresos "intangibles" obtenidos fuera de EEUU. Aquí entrarían los beneficios obtenidos por la venta de bienes y servicios fuera de EEUU que superen un determinado umbral. Según los Gobiernos europeos, este incentivo supondría un subsidio a las exportaciones, en comparación con el consumo doméstico.

En una poco velada amenaza, los ministros aseguran que la medida podría ser denunciada ante la OMC por ser un subsidio ilegal a la exportación.

La carta concluye instando a EEUU a no salirse del marco multilateral en el que se está abordando la evasión y la elusión fiscal.

"En los últimos años, hemos experimentado un nivel de cooperación internacional sobresaliente. Con el compromiso BEPS [acrónimo inglés para el concepto de erosión de bases imponibles y traslado de beneficios) hemos abierto un nuevo capítulo de cooperación internacional en asuntos fiscales [...] La OCDE y el Marco Inclusivo BEPS son el foro relevante para trabajar en la evolución de los principios fiscales internacionales sobre una base multilateral. Este diálogo asegura consistencia, algo crucial para los Estados y las empresas" indica el documento.

En una poco velada amenaza, los ministros aseguran que esta medida podría ser denunciada ante la OMC por ser una subsidio ilegal a la exportación.